Las veinticinco preguntas que deja Obadal en el aire

Ayer te conté que quince magistrados en Luxemburgo firmaron el certificado de defunción del indefinido no fijo.

Hoy toca bajar de la nube del titular y aterrizar.

Porque una sentencia del TJUE es como una piedra enorme lanzada a un estanque: el impacto se ve en un segundo, pero las ondas expansivas tardan años en recorrer toda la superficie.

Y esta piedra, pequeño saltamontes, ha caído en el estanque del empleo público español, que lleva treinta años estancado, acumulando limo y basura en forma de contratos temporales encadenados.

Ya sabrás, y si no lo sabes te lo voy a contar ahora, que si ayer te hablé del diagnóstico, hoy toca hablar del tratamiento.

Y del tratamiento no ha dicho ni una palabra la Gran Sala del TJUE.

Porque no le corresponde.

El Derecho de la Unión fija el listón y dice "así no", pero el cómo se cura el enfermo lo tienen que decidir los tribunales y el legislador de cada Estado miembro.

Así que hoy, en vez de un artículo con respuestas, te traigo un artículo con veinticinco preguntas.

Y te aviso ya: probablemente en los próximos días siga publicando más piezas sobre esta sentencia, porque Obadal no se agota en un día ni en dos ni en diez.

Es material para meses.

Vamos allá.

Primer bloque: ¿qué va a hacer el Tribunal Supremo ahora?

La primera pregunta, la madre de todas las preguntas, es esta: ¿asumirá la Sala Cuarta del Tribunal Supremo la interpretación conforme en dirección a la fijeza plena, o se replegará a un incremento indemnizatorio de 33 días con tope bianual como salida de compromiso?

Es decir, ¿va a reconocer que las víctimas del abuso son trabajadores fijos de verdad, o va a intentar maquillar la cosa subiendo la indemnización sin tocar el fondo?

De esa respuesta depende todo lo demás.

Y el historial reciente del Pleno, incluido el auto que elevó esta cuestión prejudicial, sugiere resistencia al modelo europeo.

Segunda pregunta: ¿despliega la cláusula 5 del Acuerdo Marco efecto directo vertical susceptible de ser invocado frente a la Administración empleadora para obtener la fijeza al margen del artículo 23.2 de la Constitución?

Traducido: ¿puede el trabajador ir al juzgado, invocar directamente el Derecho europeo y conseguir la fijeza aunque el Tribunal Supremo español se niegue a reconocerla?

El TJUE tradicionalmente ha dicho que no, canalizándolo por interpretación conforme.

Pero la saga Mangold-Kücükdeveci-Egenberger enseñó que cuando el TJUE quiere, puede.

Es la pregunta que determina si la tutela depende o no de que el legislador mueva ficha.

Tercera pregunta: ¿habilitará la sentencia el planteamiento de nuevas cuestiones prejudiciales por parte de tribunales inferiores si el Tribunal Supremo no acomete una interpretación conforme rigurosa?

Respuesta corta: sí, y probablemente en cascada.

Los Juzgados de lo Social y los TSJ más europeístas (Madrid, Cataluña, Galicia, Andalucía, País Vasco) ya tienen el paraguas doctrinal para ir de nuevo a Luxemburgo si la Sala Cuarta intenta escurrir el bulto.

La litigiosidad prejudicial, lejos de cerrarse, se multiplica.

Cuarta pregunta, la más institucional de todas: ¿qué papel desempeña el Tribunal Constitucional en el control ulterior de las soluciones que adopte la Sala Cuarta?

Si el Supremo inaplica directamente el artículo 23.2 CE invocando la primacía del Derecho de la Unión, el TC puede verse obligado a pronunciarse sobre los límites constitucionales de esa primacía en materia de empleo público.

Es el end game institucional del asunto.

Segundo bloque: ¿a quién alcanza realmente la sentencia?

Porque una cosa es ganar en el papel y otra saber quién está dentro del perímetro de protección.

Quinta pregunta: ¿se proyectará la doctrina Obadal sobre el personal funcionarial interino y estatutario pese a que la cuestión prejudicial la ha planteado la Sala Cuarta?

Aquí la cosa se pone fina.

La división entre Sala Cuarta (laboral) y Sala Tercera (contencioso) es un invento orgánico español que al Derecho de la Unión se la trae al pairo.

Para Luxemburgo, trabajador es todo aquel que presta servicios retribuidos.

Punto.

Así que el interino sanitario y el funcionario interino están dentro.

Otra cosa es que la Sala Tercera vaya a aplicar lo mismo.

Frente de litigio inmediato.

Sexta pregunta: ¿queda cubierta por Obadal la contratación instrumental a través de empresas de trabajo temporal sobre necesidades estructurales del sector público?

Cuando la Administración, en vez de hacer contratos temporales de su cuerda, llama a una ETT y encadena puestas a disposición sobre la misma plaza estructural, ¿se activa el mismo canon?

El eco de Martínez Andrés suena fuerte aquí, y la respuesta afecta directamente a entes públicos empresariales con contratación externalizada masiva.

Séptima pregunta: ¿alcanza la doctrina a sociedades mercantiles públicas, fundaciones del sector público y consorcios?

El Acuerdo Marco define empleador por criterios materiales, no por el disfraz jurídico.

Pero los principios constitucionales del acceso al empleo público se aplican de forma desigual en estas entidades. Asimetría entre canon europeo (único) y canon interno (plural) sin articulación clara.

Octava pregunta, para el mundo universitario: ¿proyecta Obadal efectos sobre regímenes especiales de temporalidad objetiva como el personal docente e investigador universitario de la LOSU o el personal investigador en formación de la Ley de la Ciencia?

La cláusula 5 no tolera exclusiones sectoriales salvo causa objetiva.

El contrato predoctoral, el de profesor ayudante doctor y el contrato de acceso al Sistema Español de Ciencia van a tener que pasar examen.

Novena pregunta: ¿alcanza la doctrina a los supuestos de abuso por nombramientos sucesivos en programas temporales del artículo 10 del EBEP o por comisiones de servicios encubiertas?

La creatividad administrativa para eludir el encadenamiento ha generado un arsenal de figuras atípicas: programas temporales, acumulaciones de tareas, comisiones indefinidas. Obadal da la metodología, no el catálogo.

Tercer bloque: ¿cuánto vale la indemnización adecuada y cómo se combina con la fijeza?

Décima pregunta: ¿cuáles son los parámetros cuantitativos y cualitativos de una indemnización "adecuada" bajo el canon reforzado por Obadal?

El rechazo explícito del doble tope abre un agujero normativo.

Va a tocar construir, a golpe de sentencia, una tabla de pisos mínimos en función de duración del abuso, reiteración formal del encadenamiento y carácter estructural de la necesidad.

Hasta que se consolide, inseguridad jurídica máxima para todas las partes.

Undécima pregunta: ¿son acumulables fijeza e indemnización, o rige un principio de alternatividad reparadora?

El AG Norkus en sus conclusiones abrió la puerta a la compaginación en casos excepcionalmente graves.

Si el fallo no lo resuelve (y no desciende a ese plano), frente litigioso con raíces dogmáticas abierto: ¿dos sanciones con objeto distinto o concurso impropio donde una absorbe a la otra?

Cuarto bloque: ¿qué pasa con lo ya juzgado?

Aquí la cosa se pone silenciosamente explosiva.

Duodécima pregunta: ¿qué efecto tiene la sentencia sobre las relaciones de indefinido no fijo ya consolidadas y sobre las sentencias firmes que así las declararon?

Miles de personas llevan años siendo "indefinidos no fijos" con sentencia firme en la mano.

¿Pueden ahora articular una acción revisoria por la vía del artículo 236 de la LRJS o del recurso extraordinario de revisión del artículo 510.1.4 de la LEC (pensado originariamente para sentencias del TEDH pero analógicamente defendido para las del TJUE)?

Decimotercera pregunta, que la amplifica: ¿subsiste la aptitud de la cosa juzgada material frente a pronunciamientos del TJUE posteriores en litigios con el mismo objeto?

Seguridad jurídica contra efectividad del Derecho de la Unión. Kühne & Heitz y Kapferer marcaron prudencia, pero el margen existe.

Y alguien lo va a explorar.

Quinto bloque: plazos, procesal y trucos sobrevenidos

Decimocuarta pregunta: ¿qué plazo de prescripción o caducidad rige la reclamación de fijeza o de indemnización adecuada, y cuándo empieza a contar?

Artículo 59.3 ET (caducidad de veinte días desde el cese) chocando con el artículo 59.2 ET (prescripción anual) chocando con el carácter declarativo de la pretensión de fijeza.

Y todo ello tamizado por el principio europeo de efectividad, que impide hacer imposible o excesivamente difícil el ejercicio del derecho.

Decimoquinta pregunta: ¿permite Obadal articular una pretensión de fijeza mediante proceso de conflicto colectivo del artículo 153 de la LRJS?

Si la condición de víctima admite tipificación objetiva (por ejemplo, tres años de encadenamiento en plaza estructural), el conflicto colectivo puede convertirse en vía de tutela masiva.

La objeción clásica de individualidad de la pretensión se diluye cuando el parámetro es homogéneo.

Decimosexta pregunta: ¿obliga la sentencia a invertir la carga probatoria en cuanto a la causalidad de cada nombramiento temporal?

En buen castellano: que sea la Administración la que pruebe que cada contrato temporal tenía causa válida, y no el trabajador quien pruebe que no la tenía.

Traslación no trivial al artículo 217 de la LEC y al artículo 96 de la LRJS.

Decimoséptima pregunta: ¿puede la Administración demandada "sanear" el abuso mediante convocatoria de concurso-oposición durante la pendencia del proceso judicial?

El viejo truco de convocar el proceso selectivo justo cuando ya te han demandado, para quedar como quien ha cumplido.

El TJUE ha rechazado reiteradamente que el concurso libre sea sanción válida.

Pero el uso instrumental para vaciar la demanda es terreno abonado.

Sexto bloque: responsabilidades

Entramos en el engranaje más incómodo.

Porque si el sistema ha fallado durante décadas, alguien tiene que pagar el estropicio.

Y el Derecho no es papilla buenista: tiene mecanismos para repartir la factura.

Decimoctava pregunta: ¿cabe acción de responsabilidad patrimonial del Estado legislador por incumplimiento prolongado de la Directiva 1999/70/CE, y cuál sería su plazo y dimensión cuantitativa?

España lleva más de dos décadas en incumplimiento estructural.

La suspensión de 626 millones de euros de fondos europeos es el refrendo cualificado.

Francovich y Brasserie du Pêcheur canalizados hoy por los artículos 32 y siguientes de la Ley 40/2015.

La Sala Tercera exige requisitos rigurosos; Obadal los relaja objetivamente al declarar la insuficiencia del sistema nacional.

Decimonovena pregunta, la más jugosa: ¿existe responsabilidad personal —disciplinaria, contable o incluso penal— del gestor público que ha perpetuado conscientemente el abuso?

El AG Norkus lo insinuó en sus conclusiones.

La traslación al Derecho sancionador español pasa por malversación impropia, prevaricación administrativa omisiva y responsabilidad contable ante el Tribunal de Cuentas por detrimento patrimonial al erario.

Terreno prácticamente virgen que alguien va a empezar a arar.

Séptimo bloque: el problema constitucional y los terceros

Vigésima pregunta: ¿qué estatuto jurídico sustantivo tiene el "trabajador fijo judicial": identidad plena con el fijo tras concurso-oposición, o figura intermedia constitucionalmente acotada por el artículo 103.3 CE?

La paradoja es evidente: declarar fijo por sentencia a quien no ha superado proceso selectivo tensiona los principios de igualdad, mérito y capacidad.

La sentencia no resuelve esa tensión.

La precipita.

Vigesimoprimera pregunta, la que nadie quiere formular en voz alta: ¿qué ocurre con los terceros de buena fe que superaron los procesos de estabilización de la Ley 20/2021 y desplazaron a víctimas del abuso?

Si la plaza se adjudica por sentencia a la víctima del abuso, el aspirante que aprobó queda en la cuneta.

Su posición, amparada también por el artículo 23.2 CE, no puede sacrificarse sin contrapartida.

Régimen transitorio o indemnizatorio para ese colectivo: cuestión silenciada que estallará en meses.

Octavo bloque: las consecuencias materiales

Vigesimosegunda pregunta: ¿cómo se articula la fijeza judicial con la disciplina presupuestaria derivada de la Ley Orgánica 2/2012, la tasa de reposición y los límites de la Ley de Presupuestos Generales del Estado?

Crear plazas estructurales por vía jurisdiccional tensiona el marco de estabilidad presupuestaria.

Los entes locales más endeudados van a enfrentarse a un conflicto entre obligación de cumplir la sentencia y límite de gasto.

Previsible: reforma normativa de acompañamiento.

Vigesimotercera pregunta, técnica pero capital: ¿qué régimen rige la regularización de cotizaciones y derechos pasivos cuando la fijeza se declara con efectos retroactivos?

Bases de cotización, trienios, consolidación de grado, cómputo de carencia para jubilación anticipada o parcial.

La arquitectura registral de la TGSS no está preparada para este escenario.

Responsabilidad concurrente entre Administración empleadora e INSS por resolver.

Noveno bloque: la sinergia con otras directivas

Vigesimocuarta pregunta: ¿cómo interactúa Obadal con la Directiva 2019/1152 sobre condiciones de trabajo transparentes y previsibles, cuya transposición española es igualmente controvertida?

El derecho a conocer la duración previsible de la relación y las causas de cualquier prórroga refuerza el canon probatorio del abuso.

Sinergia argumental infrautilizada entre ambas directivas que va a ser explorada.

Décimo bloque: el futuro legislativo

Y cierro con la pregunta más política de todas.

Vigesimoquinta pregunta: ¿qué arquitectura sancionadora alternativa, distinta de la fijeza, puede satisfacer el canon europeo?

Si el legislador español optara por una reforma ambiciosa, los modelos comparados ofrecen material: sanción administrativa directa a la Administración empleadora, inhabilitación temporal del cargo responsable, detracción presupuestaria automática.

No es de lege ferenda académica: es la llave política para desactivar la aplicación judicial masiva de Obadal.

Veinticinco preguntas.

Veinticinco frentes.

Y detrás de cada una, miles de trabajadoras y trabajadores esperando saber si su vida laboral va a cambiar de verdad o si todo esto se va a quedar, como tantas otras veces, en un titular jurídico que brilla dos semanas y después se olvida.

La sentencia, pequeño saltamontes, clausura el diagnóstico.

España no tiene medidas efectivas, proporcionadas y disuasorias contra el abuso de la temporalidad en el sector público.

Eso ya no se discute.

Pero el remedio está por inventar.

Y el trabajo jurídico serio de los próximos dieciocho meses no va a jugarse en el titular de ayer.

Se va a jugar en estas veinticinco preguntas.

Por eso probablemente mañana, y pasado, y la semana que viene, siga dándote la tabarra con Obadal.

Porque lo que está pasando aquí no es una sentencia más.

Es el terremoto que lleva treinta años esperando llegar.

Y llegó ayer.

Todo el Flow y el amor del mundo, José MarIA.